Coincidiendo con la celebración en Madrid del Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, en el que participará Amnistía Internacional, este año la organización ha adelantado su campaña Contra la Pena de Muerte centrándose, en esta ocasión en China.
En este país fueron ejecutadas miles de personas en 2012, aunque Amnistía Internacional dejó hace años de publicar las cifras de ejecuciones en China, donde este dato se trata como un secreto de estado, y sólo se podían confirmar una mínima parte de los casos producidos.
Prácticamente el 100 % de los juicios en los que se pedía la condena a muerte en China han sido condenatorios, lo que pone de relieve la falta de independencia de los tribunales, los fiscales y la policía chinos. Ninguna persona es sometida a un juicio justo en China. Numerosas sentencias han sido dictadas basándose en confesiones obtenidas bajo tortura, puede aplicarse pena de muerte para una gran cantidad de delitos (incluso no violentos) y no existe la posibilidad de solicitar un indulto si se es condenado a muerte.
Durante 2012 hemos tenido noticias decepcionantes, como la reanudación de ejecuciones en varios países como Pakistán, Gambia, Japón e India, aunque también otros países históricamente ejecutores habituales, como Singapur o Vietnam, no llevaron a cabo ejecuciones. (En nuestra web www.actuaconamnistia.org podéis firmar un ciberacción pidiendo al gobierno indio que acabe con la pena de muerte en su país). No obstante, también en este año ha quedado claro que la pena de muerte se circunscribe a un grupo aislado de países y que el número de ejecuciones confirmadas, 682, fue prácticamente el mismo que en el año anterior, 680. Una vez más los cinco Estados que llevaron a cabo mayor número de ejecuciones fueron Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irak e Irán.
Aún hay muchos gobiernos retencionistas que mantienen este castigo cruel, inhumano y degradante en sus legislaciones, con la pretensión de que tiene un efecto disuasorio frente a la comisión de delitos. En 2012 un completo estudio sobre el asunto volvió a refutar esta afirmación. El Consejo Nacional de Investigación de las Academias Nacionales de EE.UU., publicado en abril de 2012, concluía que no existe ninguna prueba concluyente de que este efecto disuasorio tenga lugar.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del carácter o las circunstancias del delito, las características y la culpabilidad o inocencia del acusado o el método utilizado por el Estado para llevar a cabo las ejecuciones.
Te esperamos este sábado. Una firma puede hacer mucho y necesitamos la tuya.
Rafela Alonso
Responsable de Amnistía Internacional en Toledo.